
De acuerdo con la política del Banco Mundial, Bolivia privatizó sus ferrocarriles, sistema de teléfonos, líneas aéreas nacionales, y minas de bauxita en Oruro y Potosí. Todos fueron comprados por las compañías multinacionales. En 2000 el Banco Mundial, con la idea de que los “gobiernos pobres a menudo son plagados por la corrupción local y son mal preparados para que funcionen los servicios públicos eficientemente", anunció que no renovaría un préstamo de 25 millones de dólares a Bolivia a menos que privatizara sus servicios de agua, estimando que con esta política se incentivaría la conservación y se evitaría la escasez de este recurso natural y el daño ambiental. También mencionó que “ningún subsidio sería entregado para contrarrestar el aumento de tarifas del agua en Cochabamba”. Las protestas masivas comenzaron, los primeros manifestantes fueron campesinos, que entraron a la ciudad llevando banderas de la ciudad y la wiphala, jubilados (miembros de la Central Obrera Boliviana. Los jóvenes comenzaron a asumir el control la alcaldía y a formar barricadas en las entradas a la ciudad. Pronto fueron apoyados por empleados y los comerciantes (un segmento grande de la economía desde el cierre de las minas). Sectores politizados de las clases medias llegaron de la universidad de Cochabamba y denunciaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.
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